No al recorte de las pensiones

El Gobierno ha incluido en los Presupuestos del año próximo una reducción significativa de la pensiones por incapacidad permanente en el grado de Total.

Desde 1996 y como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional contra la Ley 21/1993, las pensiones por incapacidad se dividen en dos tipos. Total, cuando el funcionario/a no está capacitado para su trabajo habitual.
Y Absoluta, cuando la enfermedad o las lesiones que sufre le incapacitan para todo tipo de trabajo.
En ambos casos hasta este año la pensión venía siendo la misma. La cuantía dependía del Cuerpo al que se pertenece, de los años de servicios ya prestados a los que se añadían los que falten para cumplir los 65 años.

La única diferencia entre ambas era que la pensión por incapacidad Total tributaba (y por lo tanto tenía los descuentos correspondientes al IRPF y se tenía que incluir en la declaración de la Renta) y la Absoluta estaba exenta de tributación, es decir, ni se incluía en la declaración de la Renta ni tenía descuentos de IRPF.

Ahora el Gobierno pretende recortar la pensión un 25% en el caso de que en el momento de la jubilación se tengan cotizados 20 o menos años de servicios. Y además lo hace utilizando un método que el Partido Socialista criticó duramente cuando estaba en la oposición, por la vía de los Presupuestos y no por una ley específica, hurtando así el debate social.

Además hasta ahora el percibir una pensión por Incapacidad Permanente Total era compatible con trabajar en el sector privado en un puesto de trabajo distinto del que se ocupaba, siempre que no se hubieran utilizado para el cálculo de la pensión años cotizados a la Seguridad Social. En este caso el recorte que plantea el Gobierno a partir del año 2009 supondría una reducción de la pensión del 25% si se tienen acreditados más de 20 años de servicios en el momento de la jubilación, porcentaje que llegaría al 45% de reducción si tiene 20 o menos años de servicio en el momento de la jubilación.

Además, el Gobierno ha tomado esta iniciativa sin proceso de negociación alguno y rompiendo uno de los principios fundamentales de los últimos años: el consenso en todo aquello que afecta a las Pensiones. Tras los Pactos de Toledo de 1996 todos los cambios en materia de Pensiones, en 2001 y 2006, habían contado con el consenso de los agentes sociales. El Gobierno ha quebrado un principio muy importante.