EUROPA PRESS El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y los representantes de diez de las once comunidades autónomas que cuentan con competencias en esta materia se comprometieron hoy a estudiar en el futuro la equiparación retributiva de todos los funcionarios, medida que, según explicó el representante del Ejecutivo central, "está en el horizonte".
Tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia, a la que asistieron todos los ejecutivos autonómicos convocados salvo el del País Vasco, Bermejo señaló que la Comisión Técnica de este organismo elaborará "un examen de situación" sobre los sueldos que perciben actualmente los funcionarios de todas las regiones para "conocer el grado de asimetría entre las diferentes comunidades y ver cómo afecta a la Administración de Justicia".
"Es necesario saber qué nos une y qué nos separa para intentar que las diferencias de escalones no se traduzcan en algo negativo para la Administración de Justicia", señaló el ministro, quien reiteró hasta en dos ocasiones que la Conferencia Sectorial no acordó hoy "homogeneizar los sueldos" sino "poner al común" las diferencias salariales entre unas comunidades y otras.
"MOSAICO RETRIBUTIVO"
Bermejo, que no detalló si correspondería al Estado o a las comunidades autónomas sufragar la mejora salarial de los funcionarios peor pagados, consideró "imprescindible" que todas las administraciones implicadas "conozcan con detalle" el actual "mosaico retributivo", como "primer paso" para acometer la equiparación "dentro de las competencias de cada uno".
En este sentido, defendió que el actual modelo puede provocar "anomalías de funcionamiento" en el sistema como que "el flujo de funcionarios sea excesivo" hacia las comunidades que ofrezcan mejores condiciones salariales a sus empleados.
Las diferencias salariales entre comunidades autónomas provocaron entre febrero y abril pasado una huelga indefinida a la que fueron convocados los 9.500 trabajadores dependientes del Ministerio de Justicia, entre los que se encontraban los de las comunidades autónomas con competencias no transferidas (Castilla y León, Castilla La-Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).
UNIFICACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
En la conferencia de prensa posterior a la reunión, Bermejo también avanzó que en enero próximo el Ejecutivo y las comunidades con competencias propias crearán un consorcio que se encargará de "la implantación, el desarrollo y el sostenimiento" de un sistema informático común para todos sus órganos judiciales. De esta forma, según explicó, "se evitarán situaciones de todos conocidas", en implícita referencia al denominado 'caso Mariluz'.
La unificación de los sistemas de información, que el ministro calificó como "un proyecto de gran calado a medio y largo plazo", permitiría tanto reducir costes como facilitar el intercambio de información, la formación del personal y el establecimiento de normas comunes de actuación para todos los órganos judiciales.
Para ello, se pondrían en marcha dos proyectos: uno de corto plazo y duración limitada, que supondría la implantación del sistema de información procesal Minerva-NOJ v.02 hasta el 1 de enero de 2010; y otro a medio plazo y con duración ilimitada que perseguiría los objetivos planteados en el Plan de Transparencia Judicial de 2005.
En la reunión, el ministro también planteó a los representantes autonómicos la aprobación "a medio plazo" de una ley que permitirá unificar todos los registros civiles en "un gran banco de datos del siglo XXI" y la inminente puesta en marcha de la Oficina Judicial, que otorgará a los secretarios judiciales "la dirección técnico-jurídica de la oficina procesal" y generalizará el modelo de fe pública mediante la firma electrónica.
Tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia, a la que asistieron todos los ejecutivos autonómicos convocados salvo el del País Vasco, Bermejo señaló que la Comisión Técnica de este organismo elaborará "un examen de situación" sobre los sueldos que perciben actualmente los funcionarios de todas las regiones para "conocer el grado de asimetría entre las diferentes comunidades y ver cómo afecta a la Administración de Justicia".
"Es necesario saber qué nos une y qué nos separa para intentar que las diferencias de escalones no se traduzcan en algo negativo para la Administración de Justicia", señaló el ministro, quien reiteró hasta en dos ocasiones que la Conferencia Sectorial no acordó hoy "homogeneizar los sueldos" sino "poner al común" las diferencias salariales entre unas comunidades y otras.
"MOSAICO RETRIBUTIVO"
Bermejo, que no detalló si correspondería al Estado o a las comunidades autónomas sufragar la mejora salarial de los funcionarios peor pagados, consideró "imprescindible" que todas las administraciones implicadas "conozcan con detalle" el actual "mosaico retributivo", como "primer paso" para acometer la equiparación "dentro de las competencias de cada uno".
En este sentido, defendió que el actual modelo puede provocar "anomalías de funcionamiento" en el sistema como que "el flujo de funcionarios sea excesivo" hacia las comunidades que ofrezcan mejores condiciones salariales a sus empleados.
Las diferencias salariales entre comunidades autónomas provocaron entre febrero y abril pasado una huelga indefinida a la que fueron convocados los 9.500 trabajadores dependientes del Ministerio de Justicia, entre los que se encontraban los de las comunidades autónomas con competencias no transferidas (Castilla y León, Castilla La-Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).
UNIFICACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
En la conferencia de prensa posterior a la reunión, Bermejo también avanzó que en enero próximo el Ejecutivo y las comunidades con competencias propias crearán un consorcio que se encargará de "la implantación, el desarrollo y el sostenimiento" de un sistema informático común para todos sus órganos judiciales. De esta forma, según explicó, "se evitarán situaciones de todos conocidas", en implícita referencia al denominado 'caso Mariluz'.
La unificación de los sistemas de información, que el ministro calificó como "un proyecto de gran calado a medio y largo plazo", permitiría tanto reducir costes como facilitar el intercambio de información, la formación del personal y el establecimiento de normas comunes de actuación para todos los órganos judiciales.
Para ello, se pondrían en marcha dos proyectos: uno de corto plazo y duración limitada, que supondría la implantación del sistema de información procesal Minerva-NOJ v.02 hasta el 1 de enero de 2010; y otro a medio plazo y con duración ilimitada que perseguiría los objetivos planteados en el Plan de Transparencia Judicial de 2005.
En la reunión, el ministro también planteó a los representantes autonómicos la aprobación "a medio plazo" de una ley que permitirá unificar todos los registros civiles en "un gran banco de datos del siglo XXI" y la inminente puesta en marcha de la Oficina Judicial, que otorgará a los secretarios judiciales "la dirección técnico-jurídica de la oficina procesal" y generalizará el modelo de fe pública mediante la firma electrónica.
2 comentarios:
Vamos a ver, y Vd. no podía haber mirado todo eso antes de hacer la puñeta a tantas familias?
A ver si ahora pretende aparentar o ser buena persona, pero no creo que los miles de familias que se vieron perjudicadas por su cabezonería, puedan pensar que en realidad piensa o en los funcionarios pagados segun el lugar de su domicilio, o en sus familias, o en la cantidad de miles de ciudadanos que resultaron perjudicados por una reclamación justa de los funcionarios de JUSTICIA.
Que conste que intenté poner mi seudo-identidad, pero por inclemencias temereológicas, supongo, no me deja el paratu. Soy Maruji, y aunque vuelva a aparecer como anónimo, no hay tal anonimato.
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