Sin Justicia

CON los sobresaltos generados por una crisis económica a la que hasta hace pocas semanas nadie parecía dar importancia y las recientes elecciones ocupando todo el ancho de banda de la información nacional, se nos ha quedado en el olvido un conflicto laboral que dura ya más de cinco semanas y que afecta nada más y nada menos que a uno de los poderes básicos del Estado, el Poder Judicial.

Me refiero a la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia de siete comunidades autónomas, las que no tienen transferidas las competencias, entre las que se encuentra Asturias. Unos 10.500 trabajadores que constituyen el auténtico pulmón de la Justicia.

El paisaje no puede ser más desolador: salas de vistas vacías, registros civiles atascados, ciudadanos en colas interminables para obtener un simple certificado, jueces, abogados, procuradores, todos de manos cruzadas; y papel, sobre todo mucho papel amontonado en expedientes que nadie tramita. Y todo por una reivindicación que amén de haber concitado el apoyo de los más variados sectores judiciales, se resume en un principio que a nadie con un mínimo de conciencia social puede resultarle ajeno: igual trabajo, igual salario. Y es que mucho tiene uno que estrujarse la mollera para encontrar alguna razón lógica que explique porque un funcionario de justicia que trabaja en Asturias, que accedió por oposición a un cuerpo nacional, y que sirve a un poder que, al menos constitucionalmente, viene configurado como un poder único para todo el territorio nacional, regido por iguales leyes procesales, sin embargo cobra 200 euros mensuales menos que otro funcionario que trabaja en Madrid, o 280 euros menos que el que trabaja en Cataluña, Navarra o País Vasco. Esta discriminación sólo se explica por la importancia tan desmesurada que, en los últimos tiempos, ha alcanzado entre una clase política con la brújula averiada un principio a todas luces reaccionario, los derechos de los territorios están por encima de los derechos de los ciudadanos.

De ahí que se ponga el acento en cual sea la administración que se atribuye el ejercicio de determinada competencia, por encima de si la gestión es más o menos eficaz para el interés común o se incurre en agravios comparativos a todas luces inadmisibles.

Un conflicto como el de los funcionarios de justicia nos proporciona un ejemplo clarísimo de lo que significa aquí y ahora, en España, la defensa del principio de igualdad de todos los ciudadanos. Por ello llama poderosamente la atención que éste conflicto se haya incubado bajo un gobierno supuestamente de izquierdas, que ha hecho gala de llevar como santo y seña de su actuación la defensa de la igualdad entre sexos. Y es que los grandes principios (libertad, igualdad, fraternidad) admiten mal el ser troceados, adjetivados ó sometidos a criterios territoriales.

Sorprende también el silencio en el que, hasta ahora, ha vivido éste conflicto. Uno no se imagina un conflicto similar que dejase sin médico a la mitad de España durante más de cinco semanas sin que fuese portada nacional de todos los medios de comunicación. Desgraciadamente, la Justicia en España lucha contra el lugar común de su ineficacia y retraso, así que quizá mucha gente (y entre ellas las cabezas pensantes del Ministerio, con el señor Bermejo a la cabeza) piense que si lo único que ésta huelga genera es más retraso en la tramitación de los pleitos, no hay que preocuparse. Habría que explicarles que además de una reivindicación laboral a todas luces justa, tras cada uno de los 70.000 expedientes arrumbados en los armarios de nuestros Juzgados, hay un conflicto humano pendiente de solución, y un ciudadano que ve conculcados sus derechos.

Se inicia un nuevo periodo político, no sabemos si el señor Bermejo, tras su brillante gestión y sus no menos brillantes resultados electorales, será confirmado en su cargo. Pero, en todo caso, quien venga no debería olvidar que la equidad en el trato resulta imprescindible para aspirar al ideal de Justicia, el nombre que precisamente lleva el Ministerio responsable del ramo.

JOSÉ IGNACIO PRENDES el comercio digital