MADRID (AFP) — La huelga indefinida que, desde el pasado 4 de febrero, llevan a cabo los funcionarios judiciales dependientes del Estado comienza a mostrar sus efectos en la Audiencia Nacional, cuyos Juzgados de Instrucción apenas presentan actividad, informaron este miércoles fuentes de la institución.
Los servicios mínimos establecen un solo funcionario por cada juez central de instrucción, cantidad ínfima para gestionar el volumen de trabajo. La Sala de lo Penal ha sido la menos afectada ya que, como las vistas se fijaron antes de la huelga, los juicios se han celebrado de forma regular. Situación que cambiará a partir de ahora, cuando los efectos del paro comiencen a notarse.
En cambio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha suspendido el 95% de las actuaciones y todas las demandas pendientes de incoación. La Sala de lo Social ha cancelado un 64% de las vistas y los juzgados de lo contencioso-administrativo, todos sus juicios.
Los huelguistas exigen equiparar su salario a la media de los sueldos de los funcionarios de aquellas comunidades autónomas a las que se han transferido las competencias en materia de justicia. Eso supondría un aumento de 200 euros mensuales a partir de este año. El Ministerio de Justicia rechaza esa propuesta y ha dicho que no hablará con los sindicatos hasta que no presenten otra.
Los servicios mínimos establecen un solo funcionario por cada juez central de instrucción, cantidad ínfima para gestionar el volumen de trabajo. La Sala de lo Penal ha sido la menos afectada ya que, como las vistas se fijaron antes de la huelga, los juicios se han celebrado de forma regular. Situación que cambiará a partir de ahora, cuando los efectos del paro comiencen a notarse.
En cambio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha suspendido el 95% de las actuaciones y todas las demandas pendientes de incoación. La Sala de lo Social ha cancelado un 64% de las vistas y los juzgados de lo contencioso-administrativo, todos sus juicios.
Los huelguistas exigen equiparar su salario a la media de los sueldos de los funcionarios de aquellas comunidades autónomas a las que se han transferido las competencias en materia de justicia. Eso supondría un aumento de 200 euros mensuales a partir de este año. El Ministerio de Justicia rechaza esa propuesta y ha dicho que no hablará con los sindicatos hasta que no presenten otra.
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