LA huelga de funcionarios de la Administración de Justicia no transferidos a las comunidades autónomas subió ayer de nivel con la tercera manifestación de los huelguistas en Madrid, contra la actitud del ministerio que dirige, en funciones y en precario, Mariano Fernández Bermejo. Además, el paro ha iniciado ya la octava semana y las consecuencias empiezan a ser muy graves por la paralización de miles de pleitos y la suspensión de innumerables vistas y señalamientos. No parece exagerado el plazo de un año previsto para poner al día todos los expedientes afectados por la huelga. El Gobierno ha de ser consciente de que tiene una posición debilitada en este caso. Por un lado, los huelguistas se apoyan en un dato objetivo contra el que es difícil argumentar: la discriminación salarial que sufren frente a los funcionarios transferidos a las autonomías. Es una huelga que afecta muy negativamente al funcionamiento de la Justicia, pero, al mismo tiempo, cuenta con una opinión pública favorable, incluso entre la judicatura.
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domingo, 30 de marzo de 2008
Funcionarios discriminados
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